De promesa digital a acusación federal: el caso del venezolano Leonardo Montbrun en EEUU

Por: Antonio María Delgado

Fuente: El Nuevo Herald

Leonardo Montbrun  en aplicación Shasta que promete a los usuarios transferir fondos de forma segura a Latinoamérica.a 

Cuando Leonardo Rafael Montbrun Álvarez comenzó a promover su startup fintech en 2019 en Miami, se presentó como un joven emprendedor venezolano que ofrecía un salvavidas tecnológico a personas excluidas del sistema financiero global. Su empresa, Shasta, prometía transferencias digitales rápidas y de bajo costo, acceso a pagos internacionales y una alternativa moderna a la banca tradicional para los latinoamericanos que vivían bajo estrictos controles cambiarios. Cinco años después, el nombre de Montbrun aparece en una amplia acusación federal en Estados Unidos que alega su participación en una compleja conspiración criminal transnacional, un caso que entrelaza ciberdelito, lavado de dinero y una organización criminal venezolana designada por Estados Unidos como grupo terrorista extranjero.

Montbrun, de 37 años, compareció ante la jueza magistrada federal Lauren F. Louis en el Distrito Sur de Florida el 18 de diciembre, tras su arresto a principios de esa semana. Los fiscales solicitaron levantar el secreto de la acusación, petición que el tribunal concedió, haciendo públicas formalmente las imputaciones. Se le acusa de participar en una conspiración que involucra delitos financieros y la provisión de apoyo material a actividades terroristas, delitos que conllevan severas penas federales. La jueza ordenó que Montbrun permaneciera bajo custodia mientras continúan los procedimientos. 

Según la acusación, Montbrun Álvarez y más de una docena de coacusados habrían operado una sofisticada red criminal transnacional que robó millones de dólares a bancos estadounidenses mediante ataques de alta tecnología a cajeros automáticos, blanqueando los ingresos a través de un esquema financiero internacional vinculado a una organización terrorista designada. 

Documentos judiciales presentados ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nebraska describen una extensa conspiración vinculada al Tren de Aragua, una organización criminal originada dentro del sistema penitenciario venezolano que posteriormente se expandió por las Américas. El grupo fue designado formalmente como Organización Terrorista Extranjera por el gobierno estadounidense en febrero de 2025. 

Los fiscales alegan que entre principios de 2024 y finales de 2025, los acusados llevaron a cabo decenas de los llamados ataques de “jackpotting” a cajeros automáticos en múltiples estados, atacando instituciones financieras en Nebraska y otros lugares. Se cree que el esquema causó más de $5.4 millones en pérdidas confirmadas, con otros $1.4 millones en robos intentados. 

Según la acusación, el grupo utilizó malware especializado para comprometer cajeros automáticos y obligarlos a dispensar efectivo. Los ataques solían comenzar con el monitoreo de las máquinas seleccionadas como objetivo, seguida del acceso físico a componentes internos. Utilizando computadoras portátiles o dispositivos compactos como unidades Raspberry Pi, los sospechosos habrían instalado software malicioso que eludía los sistemas de seguridad y les permitía vaciar las máquinas de forma remota.

Los fiscales afirman que el malware estaba diseñado para borrarse después de cada operación, lo que complicaba el análisis forense y permitía al grupo replicar el esquema en múltiples jurisdicciones. Los fondos robados eran luego transportados, lavados mediante transacciones ficticias o movidos a través de fronteras para ocultar su origen. En total, las autoridades alegan que la red llevó a cabo o intentó más de 100 ataques de jackpotting contra bancos y cooperativas de crédito asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA). 

La acusación nombra a más de 20 acusados de Venezuela y otros países latinoamericanos, incluido Aníbal Alexander Canelón Aguirre —también conocido como “Prometheus” o “El Ingeniero”—, a quien se describe como una figura clave en el ámbito técnico o de liderazgo dentro de la organización. 

Los fiscales señalan que el grupo operaba en Venezuela, Colombia, México, España y Estados Unidos, con miembros asignados a funciones especializadas que iban desde la intrusión cibernética y la logística hasta la recolección de efectivo y el lavado de dinero. Esta división del trabajo, según los investigadores, permitió que la red operara de manera eficiente mientras minimizaba la detección. De ser condenados, los acusados se enfrentan a largas penas de prisión federal. Los cargos presentados en Miami representan el capítulo más reciente de una historia más larga en torno a Montbrun. 

Mucho antes de la intervención de las autoridades estadounidenses, organismos de supervisión financiera en múltiples jurisdicciones ya habían comenzado a investigar las operaciones de Shasta, la empresa que el empresario venezolano promovía en el sur de Florida. Shasta surgió en 2019 como una plataforma de pagos digitales comercializada para usuarios en toda América Latina y Europa. 

En comunicados de prensa, Montbrun y sus socios presentaban la empresa como una herramienta para “democratizar las finanzas”, ofreciendo billeteras móviles, transferencias entre pares y tarjetas prepago para personas excluidas de los sistemas bancarios tradicionales. La compañía afirmaba haber atraído rápidamente a miles de usuarios y haberse expandido a múltiples jurisdicciones. El material promocional destacaba el cumplimiento normativo, la seguridad y las alianzas con instituciones financieras internacionales. 

Para muchos venezolanos que luchaban contra la inflación y los controles de capital, Shasta parecía ofrecer una rara puerta de entrada al sistema financiero global. Sin embargo, entre bastidores, los reguladores y los investigadores ya estaban prestando atención. En agosto de 2021, las autoridades financieras venezolanas actuaron de forma abrupta contra la empresa. El regulador bancario del país, SUDEBAN, ordenó medidas administrativas que efectivamente cerraron las operaciones de Shasta. La empresa fue acusada de graves violaciones regulatorias y las cuentas de los usuarios fueron congeladas. Ese mismo mes, el ciudadano español Alex Sicart, cofundador de Shasta, fue detenido en Caracas bajo cargos que incluían fraude, lavado de dinero y asociación para delinquir. Su arresto marcó la primera indicación pública de que las autoridades consideraban la plataforma no simplemente como una startup fallida, sino como una posible empresa criminal. 

A medida que Shasta colapsaba, se instruyó a los usuarios a recuperar los saldos restantes a través del estatal Banco Nacional de Crédito. Muchos informaron dificultades para acceder a sus fondos; otros afirmaron que su dinero había desaparecido por completo. Mientras las autoridades venezolanas tomaban las primeras medidas, los investigadores en España también examinaban las operaciones de Shasta. Medios españoles informaron posteriormente que las unidades de inteligencia financiera habían señalado la plataforma por sospechas de lavado de dinero y transferencias transfronterizas irregulares. Esas investigaciones se centraron en parte en Leonardo Montbrun y sus presuntos socios comerciales, incluidos individuos vinculados a una red de empresas fantasma en España y Venezuela. 

Entre las acusaciones más explosivas figuraba que la plataforma habría sido utilizada para mover fondos en nombre de figuras con conexiones políticas, incluidos miembros de la élite militar venezolana. Según reportes del medio español Moncloa.com, una de las figuras vinculadas a la operación era Vivian Arlet Ruiz Barrera, identificada como pareja del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Según se informó, figuraba como accionista o directiva en varias empresas relacionadas con Shasta. 

El reportaje alegaba que sus conexiones políticas se utilizaron para atraer clientes y proteger la operación del escrutinio. Medios españoles también informaron que decenas de oficiales militares venezolanos movieron dinero a través de la plataforma con la esperanza de transferir activos al extranjero. Muchos supuestamente se negaron a presentar denuncias formales tras el colapso de la plataforma, por temor a represalias o a la exposición de sus propios manejos financieros. 

Ni Padrino López ni sus representantes han comentado públicamente sobre las acusaciones, y no se han anunciado cargos formales en su contra en relación con el caso.