El ascenso criminal de Delcy Rodríguez

Por: Antonio María Delgado 

Fuente: El Nuevo Herald

 

DELCY RODRIGUEZ

En una tarde de marzo de 2023 en Caracas, los corredores del poder en el gobierno venezolano se estaban desplazando debajo de la superficie. 

Tareck El Aissami, alguna vez uno de los principales operadores de poder del régimen y un hombre acusado durante años por Washington de narcotráfico, había desaparecido de la escena pública. Su caída —rápida y opaca— creó un vacío peligroso en la estructura que sostenía el sistema autoritario de Venezuela. 

En ese vacío de poder entró Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país, exministra de Relaciones Exteriores y figura central del círculo familiar interno del régimen. 

En un sistema que durante mucho tiempo ha difuminado la línea entre la política y la empresa ilícita, Rodríguez asumió silenciosamente el control de las redes que antes manejaba El Aissami —redes que funcionarios estadounidenses y reportes de investigación han vinculado con corrupción avalada por el Estado, contrabando de oro y narcotráfico a través del Caribe. Su ascenso, sin embargo, no sorprendió a un hombre que asegura haber visto desde dentro cómo se configuraba la arquitectura del poder en Venezuela. 

En respuesta a un cuestionario enviado por el Miami Herald a través de su abogado, el general venezolano retirado Cliver Alcalá Cordones, quien cumple una condena de 21 años y ocho meses en Estados Unidos, sostiene que Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, han sido durante mucho tiempo los verdaderos arquitectos de la estructura de poder criminalizada de Venezuela. 

“Esa foto muestra claramente quién tiene el verdadero poder en Venezuela”, escribió Alcalá, en referencia a la imagen de Jorge Rodríguez siendo reelegido como presidente de la Asamblea Nacional y juramentando a su hermana como presidenta encargada tras la reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. 

“Ellos son los verdaderos arquitectos del régimen dictatorial venezolano”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su gobierno está trabajando bien con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que está dispuesto a reunirse con ella. 

Las afirmaciones de Alcalá, que son rechazadas por el régimen venezolano, coinciden y amplifican lo que evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos, reportajes de investigación y años de aplicación de sanciones estadounidenses han venido sugiriendo cada vez con más fuerza: que antes de que Maduro fuera capturado en una redada estadounidense de madrugada en Caracas para enfrentar cargos por narcotráfico en Nueva York, el centro de gravedad del poder en Venezuela se había desplazado lejos del caudillo y hacia una red disciplinada, de carácter familiar, que operaba en gran medida fuera de la vista pública. 

Esa consolidación ha adquirido mayor relevancia tras la dramática operación militar estadounidense de este mes que capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladó a custodia de Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y narcoterrorismo en Nueva York. 

En el período posterior, Rodríguez emergió no solo como la operadora interna del régimen, sino como el enlace públicamente preferido por Washington en una volátil transición post-Maduro. “Una organización criminal con múltiples actividades” 

Alcalá, quien sirvió más de tres décadas en las Fuerzas Armadas venezolanas antes de romper con el régimen, describe un Estado que, según su relato, dejó de funcionar como un gobierno convencional hace años. “Es evidente que el régimen dictatorial venezolano funcionó durante más de una década como una verdadera organización criminal con múltiples actividades”, escribió. 

Durante años, el régimen ha manejado una amplia gama de empresas criminales, que van desde el narcotráfico y la minería ilegal hasta la operación de casinos ilegales, además de secuestros generalizados, trata de personas y delitos controlados desde las cárceles por bandas como el notorio Tren de Aragua. 

En su carta, Alcalá afirma que combatió estas operaciones desde dentro del régimen antes de romper con Maduro. Esas actividades, dijo, no eran operaciones de corrupción periféricas, sino fuentes centrales de ingresos. 

La minería ilegal de oro, diamantes, coltán y otros minerales estratégicos —muchos extraídos en regiones ambientalmente devastadas del sur de Venezuela— servía no solo como fuente de riqueza, sino también como mecanismo de lavado de dinero. 

El Herald habló con tres de los más de media docena de testigos protegidos por Estados Unidos que durante años han ayudado a las agencias de seguridad estadounidenses a construir casos contra el llamado Cartel de los Soles, una organización incrustada profundamente en el régimen que controla las empresas criminales más lucrativas, incluido el narcotráfico. 

Funcionarios estadounidenses creen que el narcotráfico ayudó al régimen de Caracas a compensar la caída de los ingresos petroleros causada por las sanciones estadounidenses impuestas a la estatal Petróleos de Venezuela en 2019. Operando principalmente con cocaína originaria de Colombia, el cartel exportaba un volumen de entre 350 y 500 toneladas anuales para 2024. 

En entrevistas separadas y extensas con el Herald, las fuentes confirmaron de manera independiente que uno de los engranajes más importantes de la maquinaria criminal del cartel es manejado por los hermanos Rodríguez. Aunque nunca alcanzaron la notoriedad de otros presuntos miembros del cartel como el ministro del Interior Diosdado Cabello, El Aissami, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López o el propio Maduro, los hermanos formaban parte del cartel desde muy temprano, dijeron las fuentes —que hablaron bajo condición de anonimato—. 

Las fuentes señalaron que los hermanos se convirtieron en los administradores del cartel, manejando los fondos obtenidos de sus diversas actividades criminales a través de extensas redes de empresas. 

Según las fuentes, la riqueza del cartel controlada por los hermanos fuera de Venezuela asciende a varios miles de millones de dólares. Alcalá, quien fue acusado por Estados Unidos de ser miembro del cartel y recibió una condena superior a 21 años por colaborar con el grupo guerrillero colombiano FARC, dijo que la consolidación del poder dentro de la estructura criminal del régimen se originó en la autoridad ejercida por Maduro, quien estaba fuertemente influenciado por Jorge Rodríguez y por la cúpula del aliado cercano de Venezuela, Cuba. 

La caída de El Aissami Durante años, Tareck El Aissami fue visto como el hombre indispensable del régimen. Supervisó las carteras energética y económica de Venezuela y, según funcionarios estadounidenses, desempeñó un papel central en la facilitación de envíos de narcóticos a través del país. 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en 2017 bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, acusándolo de “desempeñar un papel significativo en el narcotráfico internacional”. 

Las sanciones congelaron sus activos y desmantelaron su acceso al sistema financiero global. En cuestión de meses, su nombre se convirtió en sinónimo de la corrupción y criminalidad que Washington decía habían penetrado al Estado venezolano. Para 2023, cayó abruptamente en desgracia. Fue acusado de corrupción, pero el régimen luego afirmó que había sido sorprendido conspirando con el gobierno de Estados Unidos y líderes de la oposición para derrocar a Maduro. Ese año prácticamente desapareció de la escena pública. Su renuncia a altos cargos no fue anunciada, su círculo íntimo se fracturó y su imperio quedó en el limbo.

 Entre bastidores, Maduro enfrentaba un desafío urgente: cómo mantener en funcionamiento las arterias financieras del régimen bajo un escrutinio internacional sin precedentes sin depender de figuras que se habían vuelto demasiado visibles para operar abiertamente. Entra Delcy Rodríguez Delcy Rodríguez ya era una de las figuras más confiables del gobierno. 

Ferozmente leal y disciplinada sin titubeos, había servido como canciller, vicepresidenta y principal defensora internacional del régimen, a menudo actuando como su voz más incisiva contra las sanciones estadounidenses en las Naciones Unidas y otros foros globales. También era considerada familia por Maduro y su esposa. Su hermano presidía la Asamblea Nacional y controlaba gran parte de la coreografía política del régimen. Rodríguez era además una aliada muy cercana y de plena confianza de Cilia Flores, esposa de Maduro y una de las principales guardianas del sanctasanctórum interno del chavismo. 

Según funcionarios estadounidenses y testigos protegidos entrevistados, Delcy Rodríguez comenzó a absorber gran parte de la autoridad operativa que antes ejercía El Aissami. Eso incluía la supervisión de empresas estatales, sistemas financieros paralelos utilizados para evadir sanciones y lo que las agencias de inteligencia occidentales describen como “rutas de contrabando protegidas por el Estado” para oro, petróleo y cocaína. 

En público, Rodríguez seguía siendo la diplomática pulida que condenaba la “guerra económica” de Estados Unidos. En privado, consolidaba su papel como custodio de las operaciones más sensibles del régimen, responsable de sostener los flujos de efectivo que permitían la supervivencia del gobierno. Un nuevo círculo de poder.

Un informe de un servicio de inteligencia extranjero obtenido por el Herald describe el surgimiento de lo que denomina un nuevo “centro de poder” alrededor de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, cada vez más entrelazado con un grupo de empresarios encabezado por la familia Abou Nassif, venezolanos de origen libanés cuya influencia se expandió rápidamente durante el punto álgido de las sanciones internacionales. La presidenta interina de Venezuela, 

Según el informe, Yussef Abou Nassif Smaili —identificado por reportes de prensa venezolanos como la pareja sentimental de larga data de Delcy Rodríguez desde alrededor de 2017— emergió como un intermediario clave entre la autoridad política y el capital privado. Sus hermanos, Omar y Jamal Abou Nassif, también son descritos como figuras centrales de una extensa red corporativa que abarca construcción, turismo, bienes raíces, importación de alimentos, empaques, logística y comercio minorista. 

La evaluación de inteligencia señala que decenas de empresas vinculadas al grupo rotan con frecuencia la propiedad formal y los cargos ejecutivos entre miembros de la familia, una estructura que, según los investigadores, está diseñada para complicar la supervisión, diluir la exposición legal y ocultar a los beneficiarios finales. Del CLAP a los bodegones El informe rastrea el rápido ascenso del grupo hasta el sistema de importación de alimentos altamente politizado de Venezuela. Entre 2017 y 2019, empresas vinculadas a los hermanos Abou Nassif aseguraron al menos $413 millones en contratos bajo el programa de alimentos del gobierno conocido por las siglas CLAP, lanzado como una iniciativa comunitaria subsidiada pero luego transformado en un esquema discrecional de importación y distribución. Según una investigación realizada por el portal venezolano Armando.info, los contratos fueron otorgados a través de empresas offshore registradas en Hong Kong. 

En 2019, la misma red obtuvo un contrato adicional por 145 millones de euros para kits de hemodiálisis, con mecanismos de pago presuntamente vinculados a crudo o fuel oil, lo que permitía eludir los sistemas bancarios convencionales. 

Funcionarios citados en el informe de inteligencia se referían internamente al grupo como el “grupo árabe”, y analistas señalan que su modelo operativo se asemejaba estrechamente al del empresario sancionado Alex Saab, el empresario colombiano y presunto socio de Maduro que enfrentó cargos por lavado de dinero en Miami antes de ser liberado en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros con el régimen. A medida que aumentaba el escrutinio, la red giró hacia la economía informal dolarizada de Venezuela. 

En 2019, asociados registraron Ok Mart, una cadena de tiendas de lujo conocidas en Venezuela como bodegones que venden productos importados a precios en divisas. Durante la pandemia de COVID-19, la cadena se expandió rápidamente por Caracas. Críticos citados en el informe describen a Ok Mart no como emprendimiento orgánico, sino como un producto de acceso privilegiado, cuyo crecimiento coincidió con la consolidación de autoridad de Rodríguez dentro del Estado. El Cartel de los Soles Durante años, las investigaciones estadounidenses han señalado la existencia del Cartel de los Soles, una presunta alianza de altos funcionarios militares y políticos venezolanos acusados de facilitar envíos de cocaína a través del territorio venezolano. 

Alcalá, quien una vez sirvió en niveles altos de la jerarquía militar, afirma que el cartel evolucionó de un sistema fragmentado a una estructura centralizada. 

“Desde que Maduro llegó al poder, esto siempre ha sido así”, escribió. “La diferencia es que los hermanos Rodríguez fueron los más inteligentes. Se mantuvieron en las sombras, pero operaron como titiriteros”. 

Desde la caída de El Aissami, evaluaciones de inteligencia extranjera revisadas por el Herald sugieren que el control operativo de las rutas de tráfico y de su arquitectura financiera se desplazó más cerca del círculo familiar de Maduro, con Delcy Rodríguez emergiendo como una coordinadora civil clave, aunque Washington no la ha acusado públicamente de participación directa en el narcotráfico. Bajo la lupa de la DEA Ese escrutinio antecede a la transición post-Maduro. 

Según reportes de The Associated Press, Rodríguez ha estado en el radar de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) durante años y fue designada “objetivo prioritario” en 2022, una etiqueta reservada para individuos que se cree tienen un impacto significativo en el narcotráfico. Registros de la DEA revisados por AP muestran que la agencia ha mantenido un expediente de inteligencia detallado sobre Rodríguez desde al menos 2018, catalogando asociados conocidos y acusaciones que van desde narcotráfico hasta contrabando de oro. Un informante confidencial alegó que utilizaba hoteles en la isla de Margarita como fachadas para lavar dinero. Rodríguez nunca ha sido acusada formalmente, y el gobierno de Estados Unidos no la ha señalado públicamente por delitos criminales. 

La apuesta calculada de Washington A pesar de ese historial, el presidente Donald Trump ha abrazado públicamente a Rodríguez como una figura estabilizadora tras la captura de Maduro, elogiándola como una “persona fantástica” y sosteniendo lo que describió como una “muy buena conversación” con ella. También se ha reunido con el director de la CIA, John Ratcliffe, y ha mantenido contacto con el secretario de Estado, Marco Rubio. Esa contradicción —entre el escrutinio de las fuerzas del orden y el acercamiento diplomático— subraya el dilema que enfrenta Washington. 

“El actual gobierno venezolano es un régimen criminal híbrido. La única manera de llegar a una posición de poder en el régimen es, como mínimo, facilitando actividades criminales”, dijo a AP Steven Dudley, codirector de InSight Crime, una organización investigativa sin fines de lucro que reporta sobre crimen organizado. “Esto no es un error del sistema. Este es el sistema”. La líder opositora María Corina Machado fue aún más directa.

 “El sistema de justicia estadounidense tiene suficiente información sobre ella”, dijo Machado. “Su perfil es bastante claro”. Alcalá, por su parte, sostiene que Maduro nunca fue el verdadero tomador de decisiones. “Me retiré del Ejército venezolano en 2013 después de 34 años de servicio, incluso frente a ofertas políticas muy relevantes de Maduro. Las rechacé todas. No quise ser parte de lo que claramente iba a ser una estructura criminal”, escribió Alcalá al Herald. “A partir de ese momento, la información que recibí indicaba que las decisiones fundamentales no las tomaba Maduro. Era una tarea compartida por la cúpula del régimen dictatorial, de la cual formaban parte los hermanos Rodríguez, Cabello y Cuba”, agregó.