Intermediario de Zapatero en Venezuela guardaba más de 300.000 euros en efectivo

Por Ana Moreno
Fuente: Nueva Radio 

Julio Martínez comunicó a la Policía que los fondos provenían de la venta no declarada de un inmueble y de operaciones familiares.

El empresario Julio Martínez Martínez, arrestado en relación con el conocido caso Plus Ultra, fue sorprendido por la Policía con una cantidad en efectivo que oscilaba entre 300.000 y 400.000 euros en su domicilio durante su detención ocurrida en diciembre pasado en Madrid.

De acuerdo con la información obtenida por EL MUNDO, Martínez, contratado por la aerolínea española de capital venezolano para actuar como intermediario ante las autoridades caribeñas, aseguró ante la Policía Judicial que esos recursos tenían su origen en la venta de una propiedad, cuya cantidad recibida no fue declarada a Hacienda, además de diversas transacciones familiares. Del mismo modo, rechazó categóricamente que los fondos tuvieran un origen ilícito.

Martínez accedió a detallar este punto en su declaración ante los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), aunque optó por no contestar a otras preguntas hasta que se levante el secreto del sumario y se le informe de los delitos que se le imputan y que motivaron su detención.

Como se reveló de forma exclusiva en este medio la semana pasada, Martínez, quien durante varios años abonó pagos al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por supuestas «consultorías globales», fue incorporado por Plus Ultra hace al menos seis años como intermediario ante altos cargos del régimen de Nicolás Maduro para resolver problemas relacionados con las operaciones habituales de la compañía.

Además, según diversas fuentes cercanas a estas actividades, su papel incluía la búsqueda de oportunidades comerciales en el sector aéreo. Por la realización de estos servicios, señalan, el empresario alicantino percibió una suma cercana a los 500.000 euros por parte de la aerolínea.

De forma similar, detallan que Martínez asumió tareas como gestionar trámites ante Aduanas con las autoridades venezolanas o gestionar el transporte de repuestos para las aeronaves de la compañía, ahora investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales. Este empresario se convirtió así en una especie de gestor para Plus Ultra, encargado de resolver diversos obstáculos que afectaban la operativa en Venezuela.

Desde el entorno del empresario y de la compañía se destaca que sus labores fueron «auténticas» y «de gran relevancia», resaltando el acceso que Martínez tenía a altos funcionarios chavistas. De igual forma, se niega que contara con conocimiento previo de su detención.

Ambas partes también desmienten haber realizado gestiones destinadas a lograr la aprobación del rescate por parte del Gobierno que preside Pedro Sánchez.

En una entrevista exclusiva concedida a este periódico, Martínez se definió como «asesor» de la aerolínea y reconoció dedicarse a realizar «gestiones», aunque rechazó haber llevado a cabo «negocios» en el país gobernado actualmente por Delcy Rodríguez tras la reciente detención de Maduro por Estados Unidos.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid está investigando actualmente a Plus Ultra, empresa que fue rescatada por el Gobierno de Sánchez durante la pandemia con 53 millones de euros públicos, junto con sus principales directivos y Martínez, a quienes se les vincula con un delito de blanqueo de capitales. Todos ellos se encuentran bajo libertad condicional con medidas cautelares.

Las investigaciones se centran en la concesión de préstamos a la aerolínea por parte de un polémico financiero, Simon Leendert Verhoeven, sujeto a investigación por las fiscalías de Suiza y Francia debido a su presunta implicación en una red de lavado de fondos relacionada con Venezuela. Durante las negociaciones para el rescate público y con la empresa al borde de la insolvencia, Plus Ultra recurrió a Verhoeven como prestamista, acordando un interés del 9% y una comisión del 2% para él, quien otorgó varios préstamos a través de sus sociedades off shore.

Así, en enero de 2021, recibió 450.000 euros de una entidad llamada Valerian Corporation Limited, establecida en Gibraltar; además de 500.000 dólares a través de la británica Wailea Invest, así como otra cantidad similar canalizada mediante la británica Allpa Wira.

A partir de estas transacciones, la Policía Judicial sostiene que Plus Ultra participó en una operación de blanqueo de capitales, basando esta conclusión en que considera que los fondos prestados por Verhoeven provinieron de actividades ilegales en Venezuela. Asimismo, extiende la presunta responsabilidad por estas acciones ilícitas al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y a su principal ejecutivo, Roberto Roselli, quienes, al igual que Julio Martínez Martínez, fueron detenidos dentro de esta investigación, la cual permanece bajo secreto mientras se examina el material incautado.

De acuerdo con información obtenida por este periódico, Martínez niega cualquier vínculo con estas operaciones crediticias y rechaza haber efectuado transacciones con las mencionadas sociedades o sus administradores. Por ello, en declaraciones a este medio ha expresado su sorpresa respecto a las razones que motivaron su arresto.

El denominado caso Plus Ultra ha involucrado durante meses al expresidente Zapatero, después de que primero el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama lo acusaran de ejercer presiones para conseguir el rescate público.

En declaraciones a EL MUNDO, Zapatero negó rotundamente su intervención para obtener la ayuda pública «ante ninguna autoridad o funcionario público», calificando las declaraciones de Ábalos y Aldama, quienes incluso le atribuyen un beneficio personal, como «falsedades deplorables» que «ni el odio ni la rabia pueden justificar».

Ábalos relató antes de ser encarcelado que se encontró inesperadamente con el expediente de Plus Ultra en un Consejo de Ministros y que llegó a solicitar explicaciones directamente al presidente del Gobierno, quien, según la versión de Ábalos, le respondió sugiriendo que debía aprobar la ayuda pública.

Posteriormente, según el relato que Ábalos facilitó a este periódico sobre el asunto, afirmó que preguntó a su entonces número dos en el ministerio, Pedro Saura, quien le reveló que la iniciativa había sido una exigencia de Zapatero. Tanto Saura como el exlíder socialista niegan la veracidad de esta secuencia.

Por otro lado, el empresario Aldama, que coopera con la Fiscalía Anticorrupción, ha ido aún más lejos asegurando que el exasesor personal de Ábalos, Koldo García, le confesó que la contraprestación por el rescate de Plus Ultra fue una comisión de 10 millones en Panamá. García, interno en la prisión de Soto del Real junto a su exjefe, no ha desmentido estas afirmaciones y ha generado dudas sobre el patrimonio del ex presidente español.

Tras recibir esta información detallada hace una semana por parte de este diario, Zapatero reconoció que ha estado cobrando del asesor de Plus Ultra Martínez por «servicios profesionales remunerados que datan de antes de la pandemia». Los pagos se realizaron por medio de una sociedad de Martínez llamada Análisis Relevante, a través de la cual el histórico líder socialista asegura haber efectuado «consultorías globales». Esta misma sociedad fue utilizada por Martínez para recibir pagos de Plus Ultra por gestiones en Venezuela.

Zapatero no ha precisado las cantidades recibidas de este empresario, con quien mantiene amistad y con quien suele salir a correr regularmente, ni el contenido exacto de las asesorías prestadas. En cambio, ha destacado sus conocimientos en geopolítica tras haber realizado «más de cien viajes por 90 países participando en diversos foros» y su derecho a prestar consultorías para empresas privadas. «Mi actividad profesional incluye conferencias, seminarios, mesas redondas, servicios de consultoría, publicaciones de libros y artículos». Todo ello, «resultado de un trabajo intenso».

Simultáneamente, ha negado tener cuentas en el extranjero, insiste en que no ha presentado declaración de patrimonio «a efectos fiscales» y limita su patrimonio a un «solar de 325 metros cuadrados en Madrid y un bungalow en Lanzarote del 95». «Es falso que posea varias viviendas en Madrid», subraya.

Continúa diciendo que reside «de alquiler» y que todos los ingresos provenientes de la sociedad Análisis Relevante, constituida a principios de 2020, los ha declarado como «autónomo» en sus rentas. «No realicé absolutamente ninguna gestión relacionada con el rescate de Plus Ultra ante ninguna autoridad o funcionario público. Se han difundido numerosas falsedades en los últimos tiempos acerca de mi actividad y propiedades», subraya, al tiempo que lamenta que algunas de las acusaciones vertidas sobre él sean tan falsas que «incluso resultan alarmantes», concluye quien deberá comparecer próximamente en el Senado para dar explicaciones.

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