Excarcelado y prófugo: cuestionan actuación judicial en caso de legitimación de capitales en Nueva Esparta

Fuente: Alberto News

La excarcelación de Amilton David Vásquez García, procesado por presunta legitimación de capitales y señalado por un supuesto desfalco superior a dos millones de dólares contra el Hotel Lake Plazas, en Porlamar, estado Nueva Esparta, ha generado controversia tras confirmarse que el acusado volvió a sustraerse del control judicial.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, Vásquez García no figuraba como procesado por delitos políticos, sino por la presunta comisión de delitos económicos relacionados con estafa continuada y manejo irregular de fondos. Sin embargo, su defensa habría invocado disposiciones asociadas a la nueva Ley de Amnistía aprobada en 2026, lo que permitió tramitar una boleta de excarcelación.

El procedimiento ha sido objeto de cuestionamientos. Según la información disponible, el fiscal cuarto de Nueva Esparta, Jorge Rojas, habría solicitado la libertad del imputado en un expediente en el que, presuntamente, no había intervenido previamente. La solicitud fue posteriormente acordada por el Tribunal Segundo de Juicio del estado, a cargo de la jueza Mireisi Mata.

Especialistas consultados señalan que este tipo de actuaciones procesales deben cumplir estrictamente con los principios de competencia y debido proceso. La circunstancia de que un fiscal solicite medidas en causas donde no ha tenido participación formal podría constituir una irregularidad administrativa o procesal, aspecto que correspondería evaluar a las instancias disciplinarias pertinentes.

El caso también ha reavivado el debate sobre el alcance de la Ley de Amnistía y sus límites frente a delitos comunes o económicos. Sectores jurídicos advierten que la norma fue concebida para atender situaciones vinculadas a conflictos políticos y no para extinguir responsabilidades derivadas de presuntos delitos patrimoniales o de criminalidad organizada.

Mientras tanto, la ausencia del imputado plantea interrogantes sobre los mecanismos de control posteriores a la excarcelación y la eficacia de las medidas cautelares aplicadas. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su paradero.

El episodio se suma a una serie de cuestionamientos públicos sobre la transparencia y la independencia del sistema judicial en la región insular. Para analistas, más allá del caso individual, lo que está en juego es la confianza ciudadana en la correcta aplicación de la ley y en la igualdad ante la justicia.