La Corte Suprema confirmó la extradición de un ex directivo de PDVSA acusado de lavar USD 5 millones

Fuente: BAE

El máximo tribunal ratificó el envío a Andorra de Luis Abraham Bastidas Ramírez, ex funcionario chavista, por presunto blanqueo ligado a corrupción en PDVSA.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición de Luis Abraham Bastidas Ramírez, ex directivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), acusado de lavar cerca de 5 millones de dólares provenientes de hechos de corrupción vinculados al régimen chavista.

El Principado de Andorra solicitó la captura del exfuncionario luego de detectar que dirigentes venezolanos utilizaron bancos de ese país para canalizar fondos originados en el pago de sobornos. Según la investigación, directivos de PDVSA intervinieron en la adjudicación de obras a determinadas empresas a cambio de dinero.

La División Investigación Federal de Fugitivos de la Policía Federal Argentina detuvo a Bastidas Ramírez en 2018 en Córdoba, tras una serie de tareas de inteligencia criminal. El acusado había ingresado al país en 2015 y atendía un kiosco, mientras su esposa administraba una peluquería.

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, asumió la causa. El imputado rechazó la extradición y alegó temor por su vida ante una eventual entrega posterior a Venezuela. Además, pidió refugio político en la Argentina.

En una primera instancia, el juez rechazó el planteo por cuestiones formales. En 2020, la Corte Suprema anuló esa decisión. En octubre de 2021, el juzgado declaró procedente la extradición por el delito mayor continuado de blanqueo de capitales provenientes de la corrupción. La defensa apeló y la Procuración General de la Nación aconsejó confirmar el fallo.

Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ratificaron la resolución. El tribunal sostuvo que la defensa reiteró argumentos ya analizados y no refutó de manera concreta los fundamentos del juez de primera instancia.

La Corte también señaló que Andorra detalló el delito precedente que sustenta la acusación por lavado de activos: la recepción de sobornos por parte de directivos de PDVSA que intervenían en adjudicaciones de obra pública.

En relación con la prescripción, el máximo tribunal afirmó que el país requirente acompañó información precisa sobre la fecha de los hechos, explicó por qué la acción penal sigue vigente y remitió el texto de las normas penales y procesales aplicables, que la secretaria judicial certificó.

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