El sumario del 'caso Plus Ultra': un secreto judicial a punto de levantarse y el rastro internacional del dinero que complica a Zapatero
Por: María Jamardo
Fuente: El Debate

José Luis Rodriguez Zapatero, Delcy Rodriguez y su hermano Jorge Rodriguez en Caracas
Balance Judicial
El resultado de las pesquisas que conoceremos esta próxima semana han tirado del hilo del blanqueo de capitales, talón de Aquiles del sistema financiero europeo ante el flujo de fondos extranjeros, desde Caracas hasta Zúrich, pasando por Madrid.
El 'caso Plus Ultra' se ha convertido en uno de los escándalos más opacos del socialismo español, en los últimos años. Lo que arrancó, en marzo de 2021, como un rescate estándar de emergencia a una aerolínea «estratégica», coincidiendo con la pandemia, ha terminado por convertirse, cinco años después, en una instrucción judicial por presunto blanqueo de capitales que apunta a una red transnacional con ramificaciones en varios países –entre Venezuela, Suiza, Luxemburgo, Georgia y España– que, presuntamente, tienen su origen en fondos de procedencia ilícita del régimen de Nicolás Maduro. De ahí que las pesquisas iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción de nuestro país, se hiciesen de manera coordinada con otros Ministerios Públicos europeos.
No en vano, España está en el foco dado que fue el actual Gobierno de Pedro Sánchez el que aprobó, a través del Consejo de Ministros, la inyección de 53 millones de euros a Plus Ultra Líneas Aéreas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La compañía, de capital mayoritariamente venezolano y con una flota reducida —en aquel momento apenas un avión operativo—, fue considerada por el Ejecutivo como imprescindible para mantener abierta una vía de conexión con Iberoamérica.
Y, sin embargo, el rescate desató una polémica inmediata porque la empresa no cumplía con los requisitos exigidos por la Administración para los destinatarios de líneas generales de ayudas públicas: en primer lugar, ya había recibido previamente un préstamo avalado por el ICO (Instituto de Crédito Oficial) que la banca rechazó formalizar, por el alto riesgo de impago; y, en segundo término, como confirmó el perito judicial designado por la primera juez encargada del caso, sus cuentas mostraban una situación financiera de quiebra técnica, mucho antes de la crisis sanitaria del coronavirus, que la hacían inviable.
Tribunales
Así las cosas, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional retomaron el expediente, varios años después de la apertura de las primeras diligencias, a instancias de una comisión rogatoria conjunta con las Fiscalías de Francia y Suiza, países a los que, presuntamente, se desviaron los fondos del Ejecutivo español. De hecho, el punto de inflexión llegó en 2024 cuando ambos países alertaron de una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de fondos procedentes de Venezuela. Los investigadores extranjeros señalaban cómo funcionarios públicos venezolanos habían desviado «sumas de muy alta cuantía» a Europa mediante una estructura societaria que operaba, como mínimo, en los tres estados.
El origen del dinero ilícito, según los autos y denuncias de Anticorrupción, estaría en la malversación de fondos públicos venezolanos. Concretamente, se apunta a recursos desviados de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) —el programa de distribución de alimentos subsidiados por el chavismo—; de la venta irregular de oro, gestionada por el Banco Central de Venezuela; y, de PDVSA, la petrolera estatal a la que, también, apunta el sobre entregado, hace una semana, al juez Ismael Moreno, en la Audiencia Nacional, por el principal comisionista de la trama de corrupción vinculada al Gobierno de España. Parte de esos fondos habrían llegado a Europa a través de una red de sociedades pantalla y prestamistas opacos.
En esta compleja maraña, el nexo con Plus Ultra se establece en los meses previos al rescate. Entre octubre de 2020 y enero de 2021, la aerolínea recibió préstamos por valor de 1,3 millones de euros de sociedades vinculadas al inversor holandés Simon Leendert Verhoeven, figura clave en la investigación suiza y considerado por las autoridades helvéticas como cabecera del sistema diseñado para lavar fondos.
Dichos préstamos, presuntamente abonados con dinero de origen dudoso, habrían sido devueltos —al menos parcialmente— con cargo al rescate público español de 53 millones. Es decir, el dinero de los contribuyentes españoles habría servido, según Anticorrupción, para «limpiar» fondos procedentes de la corrupción del régimen narco militar venezolano, durante la etapa del ya depuesto Nicolás Maduro.
Una estructura delictiva que no se limitaría a España. Las pesquisas apuntan a movimientos en Suiza (a través del banco M Baer Merchant Bank AG, cuya cuenta ha sido señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como vehículo de blanqueo de fondos venezolanos, rusos e iraníes); Francia, sede operativa de varios de los implicados; y, en menor medida, otros paraísos o jurisdicciones como Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Bulgaria y Luxemburgo. En este último país, por ejemplo, se detectaron afloramientos de hasta siete millones de euros tras el ingreso del rescate.
Más recientemente, los tentáculos apuntan, incluso, a Georgia, país de origen del presidente de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, quien ha sido estrechamente vinculado con la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tras apadrinarla para su entrada en eventos del sector turístico. De hecho, por el momento, se investigan presuntos favores mutuos, incluyendo la cesión gratuita de una sede por 75 años por parte del Gobierno español y contratos a empresas aliadas con Gómez.
Los indicios que complican a Zapatero
Además, entre los investigados en la causa de Plus Ultra, declarada secreta pero cuyo sumario está a punto de conocerse, figuran varios directivos de la propia compañía —su presidente Julio Martínez y el consejero delegado Roberto Roselli fueron detenidos en diciembre de 2025, tras varias entradas y registros practicados en la sede madrileña de la compañía—, así como los hermanos peruanos Enrique y Luis Felipe Baca Arbulú, el broker venezolano Danilo Alfonso Díaz Granados (próximo al entorno de Maduro) y al menos un abogado español. Por no hablar del presunto testaferro del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el empresario alicantino Julito Martínez Martínez. La Fiscalía describe una organización criminal integrada por personas de diversas procedencias, algunos nacionalizados españoles, dedicada al blanqueo en múltiples jurisdicciones.
Zapatero comparecía en el Senado, citado por el Grupo Parlamentario Popular (PP), para dar explicaciones sobre las diferentes informaciones que se han ideo revelando acerca de sus presuntos contactos con la aerolínea y el régimen venezolano. Aunque resta conocer el detalle de las averiguaciones para conocer si, como apuntan varias fuentes, entre ellas el propio Víctor de Aldama, su implicación directa en los beneficios queda acreditada.
Cabe recordar que, tras una primera fase de averiguaciones en un juzgado de instrucción ordinaria, en marzo de 2026, dado el carácter transnacional del procedimiento y la dimensión y tipología de los presuntos delitos investigados, la Audiencia Nacional asumió formalmente la causa bajo la instrucción del magistrado José Luis Calama.
El 'caso Plus Ultra' , por lo tanto, no solo ha puesto en duda la transparencia en el reparto de ayudas públicas durante la pandemia, en España, sino que, además, ha expuesto la vulnerabilidad del sistema financiero europeo ante el flujo de capitales procedentes de regímenes extranjeros sancionados. Mientras la aerolínea ha reducido drásticamente su operativa, las pesquisas siguen rastreando el curso del dinero: desde Caracas hasta Zúrich, pasando por Madrid. Lo que comenzó como un debate sobre corrupción política nacional podría terminar aflorando una de las tramas de blanqueo de capitales más sofisticadas, vinculadas a décadas de expolio de la dictadura de Venezuela, en suelo europeo.
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