Denuncia en Contra de la Tiranía de Venezuela, Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Fuente: BLOG DE LA VERDAD Y LA LIBERTAD

Tania Reneaum Panszi

Excelentísima Señora

Tania Reneaum Panszi

Secretaria Ejecutiva de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Washington, D.C.

​Su Despacho.-

​Nosotros, los abajo firmantes, nos dirigimos ante esa Honorable Comisión y ante su autoridad con el debido respeto, con la finalidad de consignar la presente Petición contra el régimen del Estado de Venezuela por la violación de las obligaciones contenidas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de “San Salvador” de 1988), instrumentos de los cuales Venezuela es signataria.

​Es un hecho comunicacional y notorio internacionalmente el secuestro institucional al cual ha sido sometido nuestro país desde hace 27 años por estructuras del crimen organizado transnacional, promovidas por actores externos que han socavado las instituciones fundamentales del Estado de Derecho (Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo). Asimismo, denunciamos la destrucción de las selvas en los estados Bolívar y Amazonas —puerta de entrada a la Amazonía— en virtud del Decreto del Arco Minero del Orinoco, lo cual ha devastado la economía, la productividad y el derecho al trabajo, derivando en una crisis humanitaria y una pobreza extrema que ha originado la diáspora de más de 8 millones de compatriotas en condiciones inhumanas.

​Debido a la inexistencia de un sistema judicial independiente al cual acudir en Venezuela —situación ampliamente documentada por esta Comisión— y con independencia de las negociaciones políticas actuales para una transición democrática, es imperativo precisar que no se puede reconocer legitimidad alguna en la señora Delcy Rodríguez. Sostenemos que la Constitución de 1999 padece de Nulidad Absoluta y, por consiguiente, todos los actos derivados de ella (elecciones presidenciales, legislativas y regionales) son igualmente nulos e inexistentes.

​Esta nulidad tiene su origen en el error jurídico cometido por la entonces Corte Suprema de Justicia bajo la presidencia de la Dra. Cecilia Sosa, al dictaminar la viabilidad de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Carta Magna. Dicho procedimiento no estaba previsto en la Constitución de 1961, vigente para ese momento, la cual solo contemplaba dos mecanismos de modificación:

​La Enmienda (Art. 245): Para modificaciones específicas que no alteraran la estructura fundamental.

​La Reforma (Art. 246): Para alteraciones sustanciales.

​En consecuencia, no podía convocarse a una Constituyente sin antes reformar la Constitución para incluir dicha figura. La Corte solo se limitó a autorizar la "consulta" al pueblo, pero omitió pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de elegir una asamblea no prevista en la norma fundamental.

​Aun si no se aceptare la tesis de la Nulidad Absoluta de la Constitución de 1999, es un hecho irrefutable el fraude electoral del 28 de julio de 2024, razón adicional por la cual carece de legitimidad cualquier autoridad emanada de dicho proceso.

​Por las razones expuestas, solicitamos respetuosamente que, en virtud de los artículos 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 6 del Protocolo de San Salvador y el acuerdo de colaboración entre la CIDH y la Corte Penal Internacional, se proceda a impulsar las investigaciones y juicios correspondientes por crímenes de lesa humanidad en contra de los responsables del régimen opresor.

​Atentamente,

• Álvaro Rotondaro Gómez CIV: 1.755.707
• Roberto A. Martín M. CIV: 2.151.515
• Armando Miguel Ángel Ayala CIV: 2.140.133
• Víctor J. Poleo Uzcátegui CIV: 1.759.052
• Pedro Polanco
• Carlos Rafael Alvarado Grimán CIV: 5.006.657
• Carmen Aurelia Fernández CIV. 3.949.903
• Julián Gutiérrez

OTRAS FIRMAS

(en depósito)