La máquina de hacer dinero venezolana de Hezbolá

Fuente: Engelsberg Ideas

El narcotráfico, el lavado de dinero y un régimen dócil han mantenido la presencia de Hezbolá en Venezuela durante dos décadas. Desde la caída de Maduro, ese refugio ya no es seguro.

Una motocicleta pasa frente a un grafiti con la bandera venezolana. Crédito: ZUMA Press, Inc.

El 3 de enero de este año, Estados Unidos llevó a cabo una operación espectacular en Venezuela. El presidente en funciones, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos por la Fuerza Delta, la unidad de élite antiterrorista del ejército estadounidense. La misión era llevar ante la justicia a la pareja presidencial por narcoterrorismo: tráfico de cocaína en colaboración con grupos que Estados Unidos considera organizaciones terroristas, entre ellos la guerrilla colombiana de las FARC y el grupo armado venezolano Tren de Aragua. Hezbolá no figura en la acusación. Sin embargo, este grupo militante islamista, apoyado por Irán, ha tenido durante décadas una presencia significativa en Sudamérica, concentrada principalmente en Venezuela bajo el régimen de Maduro .

La presencia de Hezbolá está intrínsecamente ligada al tejido político de Venezuela. Ha sido crucial para su capacidad de sobrevivir bajo la presión internacional, financiar sus operaciones fuera de Oriente Medio y actuar como el brazo ejecutor de Irán en el hemisferio occidental.

Décadas de colapso institucional han dejado a Venezuela con un legado de fracaso económico, que ha derivado en hiperinflación y una grave escasez. Esto, sumado a la violencia y la represión política, ha provocado que más de siete millones de venezolanos huyan del país. Esta situación, junto con un aparato estatal abiertamente ideológico, crea condiciones casi óptimas para una organización como Hezbolá. Bajo el pretexto de alianzas políticas, retórica revolucionaria y soberanía estatal, ha logrado establecer importantes estructuras financieras y logísticas. Personas cercanas al régimen han facilitado la obtención de documentos de identidad, permisos de viaje y apoyo logístico, mientras que redes criminales han proporcionado efectivo, rutas comerciales ilegales y lavado de dinero a gran escala.

Según las autoridades estadounidenses, las actividades delictivas de Hezbolá generan unos 300 millones de dólares anuales, lo que representa aproximadamente un tercio o más de su presupuesto total, estimado entre 700 millones y 1.000 millones de dólares. El resto de la financiación proviene principalmente de Irán, que constituye la principal fuente de apoyo financiero de la organización.

El narcotráfico vinculado a Latinoamérica parece ser la principal fuente de ingresos ilícitos de Hezbolá, siendo el contrabando de cocaína desde Colombia un elemento clave. La importancia de Venezuela para Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) radica en su carácter estratégico y logístico: ofrece inmunidad estatal, facilitación de documentos, acceso al comercio de oro y una plataforma para eludir las sanciones internacionales. Como resultado, Venezuela se ha convertido en un nodo estratégico dentro de la infraestructura global de Hezbolá. Esta relación se remonta a décadas atrás y no se limita a Venezuela.

El 17 de marzo de 1992, la embajada de Israel en Buenos Aires fue atacada con un coche bomba en uno de los atentados terroristas más mortíferos jamás perpetrados en Argentina. Un coche bomba suicida destruyó la embajada y los edificios aledaños. La explosión causó 29 muertos y más de 200 heridos, en su mayoría civiles.

El ataque representó un hito estratégico en la lucha contra el terrorismo internacional en América Latina. Posteriormente, la Corte Suprema de Argentina dictaminó que Hezbolá estaba detrás del ataque, con la complicidad de Irán a través de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y el Ministerio de Inteligencia y Seguridad (MOIS). El comando operativo estaba vinculado a Imad Mughniyeh, una figura destacada de Hezbolá.

Colaboré con los investigadores del tribunal como experto en la estructura y los procedimientos operativos de Hezbolá, así como en sus vínculos operativos con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y el Ministerio de Inteligencia y Seguridad (MOIS). Según los servicios de inteligencia con los que hablé en aquel momento, la presencia de Hezbolá en Latinoamérica no era nueva. Se conocía —y se vigilaba— desde hacía años. El ataque a la embajada fue una muestra de la necesidad de los terroristas de contar con bases de retaguardia seguras, una necesidad que se había materializado e institucionalizado en Venezuela.

En 2003, como parte de mi trabajo sobre la actividad de Hezbolá en la región, visité Argentina para participar como ponente en una conferencia sobre contraterrorismo organizada por el gobierno. Se celebró en Puerto Iguazú, en el extremo noreste de Argentina, a más de 1000 km de Buenos Aires y a pocos minutos de la frontera con Paraguay. Es allí donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay en la Triple Frontera: una zona fronteriza que ha sido objeto de investigaciones antiterroristas con creciente frecuencia desde mediados de la década de 1990.

Al otro lado del río se encuentra Ciudad del Este , una ciudad con fama de ser un lugar sin ley: un laberinto de mercados, rutas de contrabando y dinero en efectivo, donde el control del gobierno es precario. Desde que la CIA comenzó a vigilar la zona en la década de 1990 junto con las autoridades argentinas, el nombre ha aparecido constantemente en los informes de inteligencia.

Con una población de 320.000 habitantes, Ciudad del Este genera aproximadamente el 60% del PIB de Paraguay y es una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, a la par de Hong Kong y Miami. La venta de productos electrónicos falsificados se realiza abiertamente a gran escala. Diariamente, decenas de millones de dólares en efectivo cambian de manos en el distrito comercial de la ciudad, dinero que desaparece rápidamente cruzando ríos y fronteras.

Los empresarios, logísticos, cambistas, transportistas y redes de extorsión de Ciudad del Este están interconectados en complejas operaciones de lavado de dinero. Se trata de una economía de servicios criminales, donde los recursos se generan y se mueven con un riesgo operativo mínimo.

Según fuentes de inteligencia, estos flujos financieros ilícitos han sido vitales para el crimen organizado local y, sobre todo, para Hezbolá libanés y, en algunos casos, también para Hamás palestino. Es así como las redes vinculadas a Hezbolá pueden obtener efectivo en el mercado negro y mediante el comercio ilícito, blanquear dinero a través de casas de cambio y transferir fondos al Líbano.

Paraguay, Brasil y Argentina siguen siendo vitales para las redes que generan ingresos a través del comercio, el contrabando y el lavado de dinero, a menudo vinculadas a comunidades de la diáspora y economías ilegales en la región de la Triple Frontera. Mientras tanto, tras la llegada de Chávez al poder en 1999, Venezuela se consolidó como refugio financiero y base logística predilecta, gracias a los vínculos políticos entre los más altos niveles del régimen y Hezbolá, sumado al deficiente sistema financiero del país. En Venezuela, al igual que en la vecina Colombia y algunas partes de Centroamérica, se sabe que las personas con vínculos con Hezbolá son asociadas de cárteles de la droga y redes de contrabando capaces de generar ingresos sustanciales.

La relación de Hezbolá con Venezuela progresó a medida que el país —primero bajo el mandato de Chávez y luego bajo el de Nicolás Maduro, quien lo sucedió en 2013— se integraba cada vez más a la estrategia global de Irán. El gobierno socialista venezolano incluso entabló relaciones estratégicas con Irán y Hezbolá, impulsado por su afinidad ideológica y su postura virulentamente antiestadounidense y antiisraelí.

En este contexto, Hezbolá fue una extensión financiera y logística clave de la influencia iraní. Venezuela se convirtió gradualmente en un centro regional para redes vinculadas a Irán y Hezbolá, donde los recursos gubernamentales —incluidos visados, documentos de viaje y apoyo logístico— se utilizaron para facilitar la libertad de movimiento y las operaciones de individuos afiliados a redes terroristas.

Los vínculos de Hezbolá con el Estado venezolano se remontan a los primeros años de la presidencia de Chávez. Según un ex alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que testificó ante un comité del Senado estadounidense, Chávez abrió Venezuela a Hezbolá ya en 2002-2003. Se alegó que el grupo terrorista estableció campos de entrenamiento y operaciones de apoyo en la isla de Margarita, en el Caribe, con el conocimiento y la aprobación del régimen.

La isla Margarita alberga una importante diáspora árabe: unos 13.000 residentes de origen de Oriente Medio, entre ellos musulmanes chiítas libaneses. Según fuentes de inteligencia, esto contribuyó a crear un clima social, económico y logístico propicio para la explotación en la creación y expansión de redes. Su condición de zona de libre comercio, su ubicación estratégica frente a la costa de Venezuela y la escasa vigilancia estatal la convierten en un lugar ideal para delincuentes y extremistas. Según Marshall Billingslea, ex subsecretario de Financiación del Terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la isla funcionaba como un nodo logístico y financiero en la red global de Hezbolá, utilizándose para el blanqueo de dinero, el contrabando de alcohol, productos electrónicos y oro, y la falsificación de documentos.

Desde un principio, las autoridades estadounidenses advirtieron que las autoridades venezolanas eran cómplices de la falsificación sistemática de documentos. Según Matthew Levitt, politólogo especializado en terrorismo internacional, se emitieron miles de documentos de identidad falsos a personas de Oriente Medio para que pudieran obtener pasaportes venezolanos y viajar con menos restricciones y mucho menos control.

Hacia 2007 se produjo el primer contacto político documentado entre Venezuela y Hezbolá, cuando el entonces ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, se reunió con representantes del grupo terrorista en Damasco. Fue por esa época cuando se inauguró la ruta aérea Caracas-Damasco-Teherán, que, según informes de inteligencia, se utilizó posteriormente con fines logísticos. A los operativos de Hezbolá se les proporcionaron pasaportes venezolanos, mientras que Conviasa, la aerolínea estatal venezolana, les brindó apoyo logístico. Los vuelos operados en esta ruta por Iran Air y Mahan Air se utilizaron para transportar personal de inteligencia y seguridad iraní, incluyendo personal vinculado a la Guardia Revolucionaria y al Ministerio de Inteligencia y Seguridad, así como a Hezbolá. Los informes sugieren que tanto armas como drogas se transportaban en la carga aérea.

En 2008, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lanzó el Proyecto Cassandra para desarticular las finanzas de Hezbolá, combatiendo el narcotráfico y el lavado de dinero. La investigación reveló que la isla Margarita era un centro logístico y financiero estratégico donde las ganancias ilícitas se convertían sistemáticamente en recursos operativos, a menudo con la aquiescencia de las autoridades venezolanas. La DEA concluyó que Hezbolá participaba en el tráfico de cocaína a gran escala desde Sudamérica a Europa y Oriente Medio; contaba con complejos esquemas de lavado de dinero que se basaban en el comercio ilícito de automóviles, el procesamiento de efectivo y redes financieras informales; y había integrado sus ganancias ilícitas en su estructura política y militar.

Tras la muerte de Chávez en 2013, a medida que el régimen de Maduro consolidaba su poder y, a partir de 2017, se veía sometido a sanciones internacionales cada vez más severas, Venezuela adquirió mayor importancia como refugio financiero para redes vinculadas a Irán y Hezbolá, así como nodo para canales de pago alternativos, como el contrabando de oro, el procesamiento de efectivo y los mercados de criptomonedas.

Al mismo tiempo, la red criminal transnacional de Hezbolá gestionaba una amplia cartera de negocios en América Latina —textiles, carne de vacuno, carbón vegetal, electrónica, turismo, bienes raíces y construcción— que utilizaba para blanquear ganancias ilícitas e inyectarlas en la economía legal.

En Venezuela, la red de apoyo de Hezbolá tiene una estructura de clanes familiares. Un informe del Atlantic Council, un centro de estudios estadounidense, señaló que los clanes Rada, Saleh y Nassereddin forman parte de una red ilícita global mucho más amplia de intermediarios, financistas y facilitadores de Hezbolá, que opera desde Venezuela bajo la protección del régimen de Maduro. Estas redes son clave para los sistemas que sustentan tanto al régimen venezolano como las operaciones globales de Hezbolá.

Si bien el clan Nassereddin está directamente integrado en las estructuras del régimen venezolano, los clanes Rada y Saleh operan aparentemente al margen del gobierno, pero controlan elementos clave en el flujo ilícito de drogas, armas, contrabando, mercancías de contrabando y dinero blanqueado entre Venezuela, Líbano y Siria. Proporcionan los servicios especializados que salvan cualquier desconexión entre Hezbolá, la economía sumergida controlada por el régimen y ciertos sectores de la economía legal venezolana.

Esta situación se mantuvo relativamente estable hasta 2019, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA, principal fuente de divisas del régimen. El objetivo era ejercer presión apenas unas semanas después de que Maduro asumiera un segundo mandato tras unas elecciones condenadas por Estados Unidos y otros países como fraudulentas. Al mismo tiempo, la UE endureció su régimen de sanciones, que incluía embargos de armas, congelación de activos y prohibiciones de viaje. Esto aisló aún más a Venezuela e incrementó el incentivo para buscar maneras de eludir las sanciones.

Ante la presión, las redes de la región vinculadas a Irán y Hezbolá experimentaron una evidente profesionalización; en lugar de improvisar soluciones ad hoc, ahora utilizan estructuras escalables, similares a las del sector financiero, con flujos financieros ilícitos difíciles de rastrear. Los principales métodos son el blanqueo de dinero mediante el comercio (sobrefacturación, subfacturación y envíos ficticios); la estratificación mediante intermediarios y empresas pantalla para la negación de la participación; y sistemas híbridos de transferencia de valor que combinan efectivo, transferencias informales y (si el perfil de riesgo lo permite) activos digitales.

Las medidas estadounidenses contra el régimen, que culminaron con la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas en enero, han tenido, sin duda, un efecto dominó en Hezbolá. Venezuela, que antes era un refugio seguro y acogedor, se ha vuelto más incierta, más costosa para operar y más difícil de controlar. Para Hezbolá, cuya presencia allí siempre ha sido financiera y logística más que operativa, no se trata de un cambio abrupto, sino de una reducción gradual de su margen de maniobra. El resultado no es una red menos activa, sino una red más fragmentada y descentralizada, mucho más difícil de rastrear.

Las sanciones internacionales y la creciente presión estadounidense se han centrado principalmente en las estructuras necesarias para eludir las sanciones, el blanqueo de capitales y los flujos financieros ilícitos. Cuando las instituciones, los ingresos petroleros y el mercado negro de Venezuela se ven sometidos a una supervisión más estricta, se erosiona la ventaja del país como una "zona económica especial" estable para las redes vinculadas a Irán y Hezbolá. Como resultado, estas redes se ven obligadas a depender más de intermediarios y nodos alternativos en la región. Nicaragua y Bolivia se convirtieron en los "nodos secundarios" de Teherán en la región, según expertos estadounidenses que testificaron ante el Congreso.

Las acciones de Estados Unidos han tenido un marcado impacto en América Latina y Europa: se ha priorizado la cooperación en materia de inteligencia, se ha intensificado la severidad de las sanciones y el costo de proteger a quienes apoyan a Hezbolá ha aumentado significativamente. Hezbolá continúa operando, pero con menor margen de acción.

En definitiva, las medidas estadounidenses no lograrán que Hezbolá abandone Venezuela ni Latinoamérica. Sin embargo, las operaciones de la organización terrorista son ahora más vulnerables a las interrupciones y más complejas y costosas de llevar a cabo. Venezuela ya no es la base de retaguardia relativamente segura que fue en el pasado. Para el resto del mundo, lejos de reducir los riesgos, esto supone un panorama de amenazas más complejo. Cuanto más dependa Hezbolá de intermediarios, más difícil será rastrearlo.

Este artículo se publicó originalmente en nuestra revista hermana, Axess Magasin . Traducido por Charlotte Merton.